La Fundación Luis Seoane, tras una fuerte controversia pública y política, ha anulado el concurso para su dirección y convocará uno nuevo debido a las críticas generalizadas por su falta de transparencia 

La Fundación Luis Seoane, un pilar fundamental del patrimonio cultural contemporáneo en Galicia, se ha visto forzada a cancelar un reciente proceso de selección para su dirección y a iniciar uno nuevo, tras recibir una avalancha de críticas que tacharon el procedimiento de poco claro y poco confiable. Este incidente, más allá de ser solo un nombramiento fallido, ha revelado tensiones profundas sobre la gestión de los bienes culturales públicos y la creciente demanda de transparencia por parte de la sociedad civil.

El conflicto estalló a finales de octubre de 2025, cuando se resolvió un concurso público que se había convocado en julio para cubrir la dirección de la fundación. La ganadora fue Carmen Jiménez, quien ya ocupaba el cargo de manera provisional desde mayo de 2024. Poco después, la Asociación de Directores y Directoras de Arte Contemporáneo de España (Adace) emitió un comunicado contundente denunciando «notables deficiencias» en el proceso. Señalaron que los plazos para presentar candidaturas eran «muy cortos», la difusión «insuficiente» y, lo más preocupante, que no se hizo pública información crucial como las puntuaciones finales de los candidatos, lo que ponía en tela de juicio la «equidad» de todo el procedimiento.

Estas críticas, tanto técnicas como profesionales, resonaron profundamente en la sociedad. Alrededor de 150 figuras destacadas del ámbito cultural de A Coruña y Galicia, incluyendo a personalidades como el escritor Suso de Toro, el director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, y el propio Xabier Seoane, quien decidió renunciar a su puesto como patrono en señal de protesta, firmaron un manifiesto en contra de la situación. En este documento, los firmantes no solo solicitaban una revisión del concurso, sino que también identificaban un problema más amplio: una gestión cultural municipal caracterizada por la «improvisación» y el «abandono», que trataba a instituciones como la Fundación Seoane con «nepotismo y clientelismo». La presión ejercida no fue únicamente social, sino que también tuvo un componente político. Grupos municipales como el BNG y Movemento Sumar presentaron preguntas y solicitudes de documentación, subrayando la falta de transparencia en un proceso donde, por ejemplo, no se hicieron públicas las puntuaciones de la fase de entrevistas ni del plan de actuación.

Ante la presión acumulada, el desenlace fue casi inmediato. Carmen Jiménez decidió renunciar a su puesto solo unos días después de que se hiciera público el manifiesto. Poco después, Inés Rey, la alcaldesa de A Coruña y presidenta del patronato de la fundación, anunció que se volvería a iniciar todo el proceso. Rey prometió que se crearían nuevas bases para un concurso con «más tiempo» y «toda la transparencia del mundo». La oposición política celebró esta rectificación, aunque cuestionó por qué llegó solo tras la presión ciudadana y se preguntó por qué esa transparencia no había estado presente desde el principio.

En el fondo, este asunto va más allá de un simple error administrativo. Adace, en su crítica, ya había señalado la raíz del problema: la falta de un «marco normativo claro» que aleje los nombramientos de las injerencias políticas y los sujete a criterios estrictos de mérito y capacidad. Según la asociación, la Fundación Luis Seoane ha tenido una «trayectoria marcada por decisiones directivas controvertidas y cambios reiterados», lo que ha afectado su imagen y la continuidad de sus proyectos. Esta polémica ha servido como un recordatorio contundente de que la gestión cultural pública necesita, más que nunca, legitimidad en sus procedimientos. La ciudadanía y los profesionales del sector ya no aceptan que instituciones que custodian un patrimonio colectivo, como el legado de Luis Seoane, se manejen con opacidad. La rectificación final, impulsada por la crítica, es un primer paso positivo, pero también una clara advertencia sobre la necesidad de construir una gobernanza cultural que sea estable, profesional y verdaderamente transparente.