El arte no puede florecer allí donde la vida es mera supervivencia

Renta Básica para las Artes (RBA-E): la infraestructura de libertad que falta en España

Por Daniel García Andújar

En España seguimos repitiendo, como si fuese una consigna tranquilizadora, que el arte es un territorio de libertad. Pero esa frase se desmorona cuando se contrasta con el suelo material sobre el que intentan vivir quienes crean: casi la mitad de los artistas obtiene menos de 8.000 € al año por su trabajo y más del 60% queda por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. No es un “bache” individual ni una mala racha: es una arquitectura estructural de precariedad. Y esa precariedad no solo empobrece vidas; empobrece la cultura pública, porque condiciona quién puede sostener una práctica a largo plazo, quién puede arriesgar, quién puede decir “no”. 

La propuesta de una Renta Básica para las Artes en España (RBA-E) nace precisamente ahí: no como una ayuda “para que el artista esté mejor”, sino como una política cultural del siglo XXI que reconoce un hecho incómodo: el mercado subestima y minusvalora sistemáticamente la creación, incluso cuando la cultura produce beneficios sociales que van mucho más allá de su precio (cohesión, educación, identidad colectiva, salud mental, proyección internacional). En términos de economía pública, hablamos de un fallo de mercado: se extrae valor social sin remunerar adecuadamente a quienes lo generan. La RBA-E busca corregir ese desajuste con un ingreso estable que proteja el tiempo de trabajo invisible, investigación, experimentación, procesos, que el mercado no paga, pero del que depende la existencia misma del arte que luego admiramos. 

Aquí suele aparecer la primera objeción: “¿Por qué una renta básica solo para artistas? ¿No es un privilegio?” La respuesta es directa: no es un privilegio, es un correctivo. Igual que existen políticas sectoriales cuando hay fallos estructurales (agricultura, ciencia, innovación, dependencia), la cultura requiere instrumentos acordes a su economía real. Además, la RBA-E no compite con la idea de una renta básica universal: puede funcionar como piloto y laboratorio institucional de un modelo redistributivo que luego se amplíe a otros ámbitos de valor social (cuidados, investigación, periodismo). Lo que se ensaya aquí es una idea simple: el derecho a crear necesita condiciones materiales, no solo retórica. 

La segunda objeción suele ser moral: “Esto desincentiva el trabajo”. La evidencia internacional disponible apunta en dirección contraria: cuando hay estabilidad, se trabaja más y mejor en aquello que da sentido y valor público. En Irlanda, por ejemplo, un programa de renta básica para artistas se diseñó con evaluación y produjo mejoras en dedicación creativa, reinversión en la práctica y bienestar; es decir, no “apagó” la producción: la sostuvo. La discusión relevante, en realidad, no es si la gente “trabaja menos”, sino si el sistema actual obliga a sustituir trabajo creativo por supervivencia precaria y burocracia permanente. 

Tercera objeción, muy presente en debates públicos: “Pero ya existen ayudas y subvenciones”. Sí, existen; y precisamente ahí está parte del problema. El modelo actual se apoya demasiado en convocatorias competitivas, papeleo continuo y criterios que, muchas veces, premian el dominio del lenguaje burocrático y las redes, no necesariamente la necesidad, el proceso o el riesgo. Una renta básica cambia el eje: financia continuidad, no solo proyectos; financia proceso, no solo producto. No elimina subvenciones finalistas (que pueden y deben existir), pero evita que las ayudas funcionen como respiración asistida permanente para sobrevivir entre convocatoria y convocatoria.   

Cuarta objeción: “¿Quién decide quién es artista y quién no?” Esta duda es legítima y, si se responde mal, la propuesta se debilita. La solución no es un comité de “mérito” con poder discrecional, sino un sistema verificable y no competitivo: criterios claros de actividad profesional (trayectoria, prácticas acreditables, pertenencia a registros o asociaciones, declaraciones fiscales vinculadas a actividad cultural) y, si el piloto debe ser limitado en número, selección aleatoria entre elegibles, como ya se ha hecho en otros modelos. La clave política aquí es reducir arbitrariedad, clientelismo y sesgo: menos “premio”, más derecho condicionado a parámetros transparentes.   

Quinta objeción, especialmente sensible en España: “No hay dinero”. La discusión presupuestaria suele ser una cortina de humo si se plantea como “cultura contra sanidad” o “artistas contra necesidades sociales”. La pregunta correcta es: ¿qué cuesta hoy la precariedad cultural en pérdida de talento, economía informal, deterioro de salud mental, abandono de carreras, centralización territorial y dependencia de la gratuidad? En propuestas de piloto, los números son abordables si se comparan con el conjunto del presupuesto estatal y con el retorno fiscal indirecto (consumo, cotización, formalización). Además, el debate de financiación puede incorporar mecanismos nuevos: por ejemplo, estudiar contribuciones de plataformas tecnológicas y de modelos de IA que capturan valor a partir de obras y datos culturales sin retorno proporcional.   

Hay, además, un nudo técnico que en España vuelve una y otra vez en redes: RETA y cotización. El problema no es solo “ganar poco”, sino que la intermitencia propia de la creación choca con un régimen de autónomos que, en tramos bajos, puede convertirse en un mecanismo de expulsión: pagar cuota cuando no hay ingresos o cuando los ingresos son mínimos. La RBA-E no “sustituye” la Seguridad Social: la hace viable. Si existe una base estable, cotizar deja de ser un castigo y pasa a ser una puerta de protección (paro, jubilación, prestaciones). En otras palabras: la RBA-E puede ser el pilar de ingresos que hoy falta incluso tras avances del Estatuto del Artista, porque estabiliza el suelo sobre el que se construyen derechos.   

Pero quizá lo más importante no es lo administrativo, sino lo político-cultural: la precariedad funciona como una censura económica. No hace falta prohibir nada si el sistema obliga a autocensurarse para sobrevivir: evitar conflictos, adaptarse a lo financiable, producir lo vendible, callar para no quedar fuera. La RBA-E introduce una palabra casi olvidada en el ecosistema cultural: autonomía. Autonomía no como pose estética, sino como capacidad material de sostener una práctica y, llegado el caso, rechazar condiciones indignas. De ahí que no estemos ante una “ayuda”, sino ante una infraestructura de libertad.   

Y hay un efecto colateral, en el mejor sentido, que rara vez se discute: si garantizamos subsistencia, también podemos repensar el modelo cultural que hoy se apoya obsesivamente en la escasez (la “obra única”, el acceso restringido, la captura privada de valor) y avanzar hacia economías del uso, del procomún, de licencias y retornos más justos, especialmente en la era de la reproducción digital y la IA. La RBA-E no es el final del debate: es la puerta para ordenar, con más inteligencia democrática, autoría, circulación y reciprocidad. 

En definitiva, la pregunta no es si “merecen” los artistas una renta. La pregunta es si una democracia puede permitirse un sistema cultural donde crear sea un privilegio de clase, de tiempo heredado y de red. La RBA-E propone algo radicalmente sencillo: asegurar un suelo material para que el arte, con su complejidad, su disidencia, su riesgo, no sea lo primero que se sacrifica cuando aprieta la vida. Porque cuando una sociedad deja caer a quienes la piensan, la imaginan y la contradicen, lo que pierde no es un sector: pierde futuro.   

Renta Básica para las Artes en España (RBA-E): Libertad, Dignidad y Justicia Cultural